La participación de las mujeres en la vida política ha sido uno de los pilares más importantes en la construcción de una sociedad democrática y plural. Su incorporación activa a los espacios de decisión no solo responde a un principio de justicia y derechos humanos, sino que también permite enriquecer la gobernanza con visiones diversas y con experiencias históricamente excluidas de la esfera pública.

La paridad de género en el ámbito del poder político en México ha sido presentada, con justa razón, como uno de los avances más relevantes en materia de derechos políticos de las mujeres durante las últimas décadas. Sin embargo, más allá de los logros numéricos y de las reformas constitucionales que han consolidado su presencia en los espacios institucionales, la pregunta persiste con fuerza: ¿la paridad es ya una realidad consolidada o sigue siendo un desafío pendiente, especialmente cuando se examinan los múltiples factores que aún limitan la igualdad sustantiva?

La historia de las mujeres en la política mexicana ha estado marcada por la exclusión, la resistencia y la lucha constante por obtener un lugar legítimo en los espacios de poder. Durante siglos, las mujeres fueron consideradas ciudadanas de segunda categoría, excluidas de los procesos de toma de decisiones y confinadas al ámbito doméstico como única esfera de influencia.