La violencia política de género representa una de las expresiones más crudas y normalizadas de la desigualdad estructural en las sociedades contemporáneas. En México, este fenómeno ha cobrado creciente visibilidad en las últimas décadas, particularmente a partir de la incorporación de mujeres a los espacios de poder y toma de decisiones.
La consolidación de la equidad en los espacios gubernamentales representa no solo un desafío persistente, sino también una condición ineludible para el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. En el caso de México, los avances en materia de representación política de las mujeres han sido significativos, especialmente tras las reformas que han impulsado la paridad como principio constitucional y eje rector de las políticas públicas en materia de género.
La construcción de una democracia representativa y equitativa exige el reconocimiento pleno de la participación política de las mujeres. En México, las últimas décadas han sido testigo de una transformación normativa significativa, impulsada por reformas que han permitido incorporar la perspectiva de género en los procesos electorales y en la composición de los órganos de gobierno.
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