La participación de las mujeres en la vida política ha sido uno de los pilares más
importantes en la construcción de una sociedad democrática y plural. Su
incorporación activa a los espacios de decisión no solo responde a un principio de
justicia y derechos humanos, sino que también permite enriquecer la gobernanza con
visiones diversas y con experiencias históricamente excluidas de la esfera pública. En
el contexto mexicano, los avances en materia de inclusión política de las mujeres son
evidentes, pero estos logros conviven con desafíos estructurales que impiden
alcanzar la anhelada igualdad sustantiva. Reflexionar sobre lo que se ha conquistado,
sobre los obstáculos aún vigentes y sobre las condiciones necesarias para garantizar
la equidad plena en el acceso y ejercicio del poder político es una tarea urgente y
estratégica para el fortalecimiento de nuestra democracia.
Durante décadas, las mujeres fueron excluidas del debate público y relegadas al
ámbito privado por normas sociales, estructuras legales y prácticas políticas que
negaban su derecho a participar en las decisiones colectivas. Esta exclusión se
expresó de múltiples maneras: desde la negación del voto, hasta la falta de
representación en cargos de elección popular y la ausencia de políticas públicas que
reconocieran sus necesidades e intereses. El sufragio femenino, conquistado en
México en 1953, marcó un hito en la historia de los derechos políticos de las mujeres,
pero no fue sino hasta finales del siglo XX que comenzaron a observarse
transformaciones más profundas en la forma en que se entendía su participación en
el poder.
Uno de los mecanismos más importantes para promover la inclusión de las mujeres
en la política fue la adopción de cuotas de género, que obligaban a los partidos
políticos a postular un porcentaje mínimo de candidatas mujeres en sus listas. Estas
medidas, concebidas como acciones afirmativas, fueron necesarias para corregir una
desigualdad histórica y estructural. Con el tiempo, las cuotas evolucionaron hasta
convertirse en el principio de paridad de género, consagrado en la Constitución
mexicana como una obligación para todos los niveles de gobierno. Esta
transformación normativa permitió que México se posicionara entre los países con
mayor proporción de mujeres en el Congreso, y ha tenido un impacto positivo en la
configuración de gabinetes, órganos autónomos y espacios locales de representación.
A pesar de estos avances, la igualdad sustantiva sigue siendo una meta lejana para
muchas mujeres. La presencia numérica no garantiza, por sí sola, el acceso efectivo
al poder ni la posibilidad de incidir en la toma de decisiones de manera autónoma y
con perspectiva de género. Muchas mujeres enfrentan entornos hostiles en los
espacios de poder, donde persisten prácticas patriarcales, discursos discriminatorios
y estructuras jerárquicas que limitan su participación. La violencia política en razón de género, que va desde el acoso verbal hasta la agresión física, se ha convertido en uno
de los principales obstáculos para el ejercicio libre de los derechos políticos de las
mujeres. Esta violencia busca desalentar, controlar o castigar a quienes deciden
asumir un rol protagónico en la vida pública, y constituye una grave amenaza para la
democracia.
El camino hacia la igualdad sustantiva también implica reconocer las barreras
sociales y económicas que impiden a muchas mujeres acceder a cargos públicos. La
desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados, la falta de redes de apoyo,
la brecha salarial y la exclusión educativa y tecnológica son factores que limitan la
participación política de las mujeres, especialmente de aquellas que pertenecen a
grupos históricamente marginados. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, con
discapacidad, migrantes, rurales y de la diversidad sexual enfrentan formas múltiples
y entrelazadas de discriminación que requieren respuestas específicas y políticas
diferenciadas para garantizar su inclusión plena.
Otro desafío relevante es la simulación en el cumplimiento de las normas de paridad.
En algunos casos, los partidos políticos postulan a mujeres en distritos perdedores,
en posiciones sin poder real de decisión o con la expectativa de que renuncien una vez
que sean electas para dar paso a suplentes hombres. Estas prácticas socavan el
espíritu de la paridad y evidencian la necesidad de fortalecer la vigilancia institucional
y de aplicar sanciones efectivas para quienes intenten vulnerar los derechos político-
electorales de las mujeres. La igualdad sustantiva exige una voluntad política
auténtica, mecanismos de control eficaces y una ciudadanía activa que exija el
respeto al principio democrático de equidad.
Para avanzar hacia una participación política igualitaria, es indispensable fortalecer
las capacidades individuales y colectivas de las mujeres. Esto implica garantizar el
acceso a la formación política, promover el liderazgo con perspectiva de género,
fomentar la sororidad entre mujeres de distintas trayectorias y generar redes de apoyo
que permitan enfrentar los desafíos del ejercicio del poder. También es fundamental
asegurar que las instituciones públicas cuenten con personal capacitado, con
sensibilidad a las desigualdades de género y con herramientas para prevenir y
sancionar la violencia política. La transversalización de la perspectiva de género en
todas las políticas públicas y en los procesos institucionales es una condición
indispensable para construir un entorno democrático que respete y promueva los
derechos de las mujeres.
El liderazgo de las mujeres ha demostrado su capacidad para transformar las agendas
políticas, para visibilizar problemáticas históricamente ignoradas y para proponer
soluciones innovadoras a los desafíos sociales. Cuando las mujeres participan en la
toma de decisiones, se amplía la mirada sobre los asuntos públicos, se priorizan
temas como la salud, la educación, el bienestar comunitario, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, y se fortalece el tejido democrático. La inclusión de las
mujeres no solo mejora la calidad de la representación, sino que enriquece el debate
político y fortalece la legitimidad de las instituciones.
Sin embargo, para que esta inclusión sea efectiva y transformadora, se requiere un
cambio cultural profundo. La sociedad debe abandonar los prejuicios que asocian el
liderazgo con atributos exclusivamente masculinos, debe reconocer el valor de la
diversidad y debe promover un modelo de poder basado en la ética, la empatía y el
compromiso con el bien común. La participación de las mujeres no puede estar
condicionada a adaptarse a las lógicas de poder tradicionales; por el contrario, debe
ser una oportunidad para cuestionarlas, redefinirlas y construir nuevas formas de
liderazgo más justas, inclusivas y democráticas.
La igualdad sustantiva en la política no es un destino alcanzado, sino un proceso en
construcción. Requiere de vigilancia permanente, de evaluación crítica y de voluntad
para corregir las desigualdades que persisten. Es responsabilidad del Estado, de los
partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación y de
la ciudadanía en general generar las condiciones para que todas las mujeres, sin
distinción, puedan ejercer sus derechos políticos con libertad, seguridad y dignidad.
La democracia solo será plena cuando las mujeres puedan participar en todos los
espacios de poder en igualdad de condiciones, cuando sus voces sean escuchadas
sin prejuicios y cuando sus decisiones sean respetadas como legítimas y necesarias.
El camino hacia la igualdad sustantiva es complejo, pero es también irrenunciable. Las
mujeres han recorrido una larga historia de exclusión y de lucha, y han conquistado
con esfuerzo cada uno de los espacios que hoy ocupan. Honrar ese legado implica
consolidar los avances, eliminar las barreras que aún subsisten y construir, entre
todas y todos, una política más humana, más justa y más representativa. La presencia
de las mujeres en la política no debe ser una excepción, sino la norma. Su liderazgo no
debe ser una concesión, sino un derecho. Y su participación no debe ser simbólica,
sino sustantiva, transformadora y plenamente reconocida como indispensable para el
bienestar y el futuro de México.