La participación femenina en la toma de decisiones políticas representa no solo una
conquista histórica de derechos, sino también un componente esencial para el
fortalecimiento de la democracia, la inclusión social y la efectividad gubernamental.
La presencia de mujeres en cargos de representación y autoridad transforma
profundamente las estructuras institucionales y los procesos políticos, ampliando los
horizontes del debate público y favoreciendo políticas más integrales, equitativas y
sensibles a las necesidades sociales. La historia reciente de México ha sido testigo de
este fenómeno, al registrar un crecimiento sostenido en la participación política de las
mujeres, producto de décadas de lucha feminista, de reformas jurídicas progresivas y
de una ciudadanía más activa y vigilante respecto al principio de igualdad.
Durante mucho tiempo, la vida política mexicana estuvo marcada por una exclusión
sistemática de las mujeres. A pesar de haber obtenido el derecho al voto en 1953, su
acceso a los espacios de poder fue obstaculizado por estructuras partidistas
cerradas, normas no escritas que privilegiaban a los varones y una cultura política
profundamente patriarcal que reducía a las mujeres al rol de acompañantes o figuras
decorativas dentro de los procesos electorales. Esta exclusión limitó el potencial
transformador de las políticas públicas y empobreció el contenido de la democracia.
La falta de representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no
solo era una injusticia en sí misma, sino también un obstáculo para la construcción de
instituciones sensibles a la diversidad y capaces de responder a las múltiples
desigualdades sociales.
El reconocimiento de esta problemática dio lugar, a partir de la década de los noventa,
a la implementación de mecanismos de acción afirmativa, como las cuotas de género,
que buscaban acelerar la inclusión de mujeres en las candidaturas a cargos de
elección popular. Con el tiempo, estos mecanismos evolucionaron hacia el principio
de paridad de género, consagrado en la Constitución como un mandato transversal
que obliga a todos los poderes y niveles de gobierno a garantizar la participación
equilibrada de mujeres y hombres. Este avance normativo ha generado un impacto
significativo en la composición de los órganos legislativos, ejecutivos y
jurisdiccionales, permitiendo que cada vez más mujeres ocupen espacios de poder y
participen activamente en la definición de la agenda pública.
El ingreso de las mujeres en la toma de decisiones políticas no se ha limitado a ocupar
un espacio vacío, sino que ha implicado la irrupción de nuevas perspectivas,
prioridades y formas de ejercer el liderazgo. Diversos estudios han documentado que
las mujeres tienden a impulsar políticas más inclusivas, orientadas al bienestar social,
la igualdad, la salud, la educación, la justicia y el medio ambiente. Su participación ha
contribuido a visibilizar problemáticas que históricamente habían sido ignoradas o
minimizadas, como la violencia de género, la discriminación estructural, la
precarización del trabajo doméstico y la falta de servicios de cuidado. Las mujeres han
promovido reformas legislativas, han impulsado la creación de instituciones
especializadas y han exigido mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y
evaluación con perspectiva de género.
Además, la presencia de mujeres en cargos de decisión tiene un efecto simbólico y
pedagógico profundo, ya que desafía los estereotipos de género que asocian el
liderazgo con la figura masculina. Cada mujer que asume un cargo público rompe una
barrera histórica y envía un mensaje de posibilidad y legitimidad a otras mujeres y
niñas. Este efecto multiplicador contribuye a ampliar los referentes culturales, a
diversificar las vocaciones políticas y a construir una ciudadanía más empoderada,
crítica y participativa. En este sentido, la representación política de las mujeres no solo
es importante por razones de justicia, sino también por su capacidad de transformar
los imaginarios colectivos y de democratizar la cultura política.
Sin embargo, el impacto positivo de la participación femenina no está exento de
desafíos. A pesar del avance normativo y del aumento cuantitativo en la
representación, las mujeres que acceden a espacios de decisión siguen enfrentando
múltiples obstáculos que limitan su capacidad de incidencia. Uno de los más graves
es la violencia política en razón de género, que busca deslegitimar, hostigar o eliminar
a las mujeres del espacio público mediante agresiones físicas, simbólicas, verbales,
digitales o institucionales. Esta violencia tiene efectos devastadores no solo en la
trayectoria individual de las víctimas, sino también en el conjunto de la democracia, al
desalentar la participación, al generar temor y al mantener intactas las relaciones de
poder desigual.
Otro reto relevante es la subrepresentación de mujeres en los espacios de decisión
con mayor peso político o económico. Aunque se ha avanzado en lograr paridad en los
congresos, los gabinetes y los órganos autónomos, aún persiste una marcada
desigualdad en los gobiernos estatales, en las presidencias municipales y en las
dirigencias partidistas. Las mujeres siguen teniendo menos acceso a los recursos de
campaña, menos visibilidad mediática y menores posibilidades de ser electas en
distritos competitivos. Esta desigualdad en el acceso real al poder limita el impacto
potencial de la representación femenina y perpetúa la concentración del poder en
manos de unos pocos.
Además, es fundamental reconocer que la participación femenina no es homogénea
ni responde a una sola realidad. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes,
con discapacidad, de la diversidad sexual o en situación de pobreza enfrentan
barreras adicionales para acceder a los espacios de decisión. Su inclusión plena
requiere políticas específicas, acciones afirmativas diferenciadas y una mirada
interseccional que reconozca las múltiples formas de discriminación que las
atraviesan. La diversidad dentro del liderazgo femenino es esencial para asegurar que
las decisiones políticas respondan a las múltiples voces, realidades y necesidades
que conforman el tejido social del país.
Para que el impacto de la participación femenina en la toma de decisiones sea pleno
y sostenido, es necesario avanzar en la consolidación de una democracia paritaria
sustantiva. Esto implica ir más allá de la representación numérica y garantizar
condiciones efectivas para que las mujeres ejerzan su liderazgo con autonomía,
seguridad y poder real de decisión. Requiere transformar las estructuras
institucionales, erradicar la violencia política, garantizar el acceso igualitario a los
recursos, y promover una cultura organizacional basada en la igualdad, la
corresponsabilidad y el respeto a la diversidad.
El papel del Estado es crucial en este proceso. Las instituciones públicas deben
asumir un compromiso activo con la igualdad de género, incorporando la perspectiva
de género en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.
Deben fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, crear espacios de
formación política para las mujeres, y garantizar la aplicación efectiva de las leyes que
protegen sus derechos. Asimismo, los partidos políticos, como actores clave en la
formación de liderazgos y en la definición de candidaturas, deben transformar sus
estructuras internas, democratizar sus prácticas y erradicar la discriminación en todas
sus formas.
La sociedad civil y los movimientos feministas han sido actores fundamentales en la
promoción de la participación política de las mujeres. Su labor de incidencia,
denuncia, acompañamiento y formación ha contribuido a visibilizar la desigualdad, a
generar propuestas de política pública y a empujar reformas estructurales. Fortalecer
estas organizaciones, garantizar su financiamiento y proteger su labor es
indispensable para avanzar en la construcción de una democracia más justa, plural e
incluyente.
El impacto de la participación femenina en la toma de decisiones políticas en México
es innegable. Su presencia ha transformado el contenido, el enfoque y las prioridades
de la acción pública, y ha abierto nuevas posibilidades para la justicia social, la
equidad y la paz. Sin embargo, esta transformación aún está en proceso y enfrenta
resistencias que deben ser confrontadas con firmeza y determinación. La democracia
mexicana no será completa mientras las mujeres no puedan ejercer plenamente su
derecho a decidir, a representar y a liderar. Reconocer y potenciar su participación es
una tarea colectiva, urgente y estratégica para el presente y el futuro del país.