Introducción
El acceso de las mujeres al poder político en México ha sido una de las
transformaciones más relevantes en la construcción de un sistema democrático más
equitativo, representativo y sensible a la pluralidad social. No se trata únicamente de
una corrección cuantitativa en la composición de los órganos legislativos y ejecutivos,
sino de un proceso de transformación profunda en las prioridades, enfoques y
resultados de las políticas públicas. La participación sustantiva de mujeres en los
espacios de decisión ha comenzado a traducirse en nuevas agendas, mecanismos
institucionales y formas de gobernanza que buscan responder a las múltiples
desigualdades que atraviesan a la sociedad mexicana. No obstante, este proceso no
ha sido lineal ni exento de resistencias. Las mujeres en el poder se enfrentan a una
estructura política históricamente diseñada por y para hombres, a dinámicas de
exclusión y a violencias de género que intentan desacreditar su capacidad de
liderazgo.
Este boletín teórico examina el impacto que han tenido las mujeres en posiciones de
poder sobre el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en México.
A partir de un enfoque de equidad de género, se analizan tanto los logros como los
obstáculos estructurales que persisten para que el liderazgo femenino pueda
desplegar su potencial transformador en beneficio de toda la ciudadanía. Se
argumenta que la presencia de mujeres en el poder ha significado un punto de inflexión
en la forma en que el Estado mexicano concibe su rol frente a problemáticas
históricamente invisibilizadas, pero también que la consolidación de una política
verdaderamente incluyente y feminista requiere cambios institucionales más
profundos y sostenidos.
Liderazgo femenino y transformación del Estado
Las mujeres han sido protagonistas de los grandes procesos de transformación en
México incluso antes de contar con reconocimiento formal dentro del aparato estatal.
Desde el activismo comunitario y la participación en movimientos sociales, han
incidido en la construcción de agendas públicas, en la defensa de derechos y en la
exigencia de justicia. Su participación histórica, muchas veces invisibilizada por la
narrativa dominante, ha sido clave para comprender los procesos democratizadores
del país. Sin embargo, es a partir de su ingreso formal a la estructura del Estado —
como legisladoras, gobernadoras, presidentas municipales, magistradas, titulares de
dependencias y otras figuras de poder— que el liderazgo femenino ha logrado
institucionalizar una nueva manera de ejercer el gobierno.
Este liderazgo no ha sido una mera réplica del modelo patriarcal de ejercicio del poder,
sino que ha promovido una reconfiguración profunda de las prioridades estatales. Las
mujeres en cargos públicos han impulsado agendas centradas en los derechos
humanos, la justicia social y la equidad de género. Temas históricamente relegados,
como los sistemas de cuidados, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la
inclusión económica de poblaciones vulnerables y la educación con perspectiva
transformadora, han cobrado relevancia en la política pública gracias a su impulso.
Estos avances reflejan no solo un cambio de enfoque, sino también una voluntad de
corregir desigualdades estructurales que afectan desproporcionadamente a las
mujeres y a otros grupos históricamente excluidos.
A diferencia de muchos liderazgos tradicionales, marcados por la lógica del
clientelismo, la verticalidad y la reproducción del poder partidista, el liderazgo de las
mujeres ha tendido a ser más incluyente, colaborativo y orientado al bien común. Ha
apostado por la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la
construcción de redes interinstitucionales como principios de gestión. Este enfoque
ha permitido avanzar hacia formas de gobernanza más horizontales, donde el diálogo,
la escucha activa y la co-creación de soluciones con la sociedad civil se vuelven
fundamentales.
Sin embargo, el avance de las mujeres en la esfera pública ha enfrentado tensiones
profundas. Si bien el marco normativo ha evolucionado con reformas que impulsan la
paridad y los derechos políticos de las mujeres, el cambio cultural dentro de las
instituciones se mantiene rezagado. Persisten prácticas de exclusión,
deslegitimación, violencia simbólica y resistencias que buscan encasillar o neutralizar
el liderazgo femenino. Este desfase entre el reconocimiento formal y la transformación
efectiva del entorno institucional constituye uno de los principales desafíos para el
despliegue pleno de liderazgos femeninos transformadores.
Reconocer la capacidad de las mujeres para redefinir las formas de gobernar no es
solo un acto de justicia histórica, sino una condición indispensable para avanzar hacia
una democracia con igualdad sustantiva. La transformación institucional no será
completa mientras las mujeres sigan enfrentando obstáculos para ejercer su liderazgo
en libertad, con poder real de decisión y sin temor a represalias o violencia política.
El marco normativo: paridad y derechos de las mujeres
Desde la reforma constitucional de 2014 y la ampliación del principio de “paridad en
todo” en 2019, México ha logrado establecer un marco jurídico robusto para garantizar
la participación política equitativa entre mujeres y hombres. Estas reformas han
permitido que cada vez más mujeres accedan a espacios de toma de decisiones en
todos los niveles de gobierno. A la par, se han incorporado disposiciones legales que
obligan al Estado mexicano a transversalizar la perspectiva de género en la
administración pública, especialmente a través del presupuesto con perspectiva de
género, las evaluaciones de impacto regulatorio y las políticas públicas enfocadas en
la igualdad sustantiva.
Sin embargo, la existencia del marco normativo no garantiza su aplicación efectiva.
Muchos gobiernos locales carecen de capacidades institucionales para implementar
las disposiciones en materia de género; en otros casos, se observa resistencia abierta
o simulación en el cumplimiento de las obligaciones. La voluntad política de quienes
encabezan las instituciones —especialmente cuando se trata de mujeres
comprometidas con las agendas feministas— es un factor determinante para avanzar
más allá del cumplimiento formal y lograr una transformación real en las políticas
públicas.
Políticas públicas con perspectiva de género: avances concretos
El liderazgo de mujeres ha estado vinculado al impulso de políticas públicas
innovadoras y transformadoras. Algunos ejemplos emblemáticos son los siguientes:
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007): promovida e impulsada desde los movimientos feministas y por legisladoras comprometidas, ha sido una pieza clave para articular las políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Sistema Nacional de Cuidados: en construcción a partir de propuestas impulsadas por legisladoras y funcionarias públicas, busca reconocer, redistribuir y reducir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Se trata de una política clave para cerrar brechas de género y garantizar la autonomía económica de las mujeres.
- Despenalización del aborto: a nivel estatal, mujeres en el poder han sido fundamentales para impulsar la legislación a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El caso de la Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019) y Veracruz (2021) son hitos de esta transformación.
- Presupuesto etiquetado para igualdad de género: impulsado desde el Congreso por diputadas feministas, el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación ha permitido asignar recursos específicos a programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
Obstáculos estructurales para la transformación
A pesar de los avances, las mujeres en el poder enfrentan barreras que limitan su capacidad de incidir. Entre ellas destacan:
- Violencia política de género: persiste como un fenómeno sistemático. Las mujeres son desacreditadas, invisibilizadas o atacadas por el hecho de ocupar un espacio de poder. Esto restringe su libertad de acción y afecta su integridad física y emocional.
- Falta de recursos y autonomía institucional: muchas funcionarias carecen de presupuesto o capacidad operativa para implementar sus propuestas, lo cual debilita el alcance de sus políticas.
- Cultura patriarcal institucionalizada: a menudo, las mujeres en el poder deben enfrentarse a estructuras burocráticas dominadas por hombres que resisten los cambios impulsados desde una lógica feminista.
- Expectativas desproporcionadas: se espera que las mujeres en el poder resuelvan problemas estructurales de manera inmediata o sin los apoyos necesarios, lo que genera una evaluación desigual de su desempeño.
Retos y estrategias hacia una transformación feminista del Estado
Para consolidar el impacto de las mujeres en las políticas públicas es necesario:
- Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en todos los niveles de gobierno.
- Garantizar la paridad en los gabinetes, organismos autónomos y órganos jurisdiccionales.
- Asignar presupuestos con enfoque de género no solo de manera simbólica, sino alineados a resultados medibles en igualdad sustantiva.
- Construir entornos libres de violencia política para las mujeres en el poder.
- Implementar mecanismos de evaluación con participación ciudadana y perspectiva de derechos humanos.
Reflexiones finales
La presencia de mujeres en el poder ha marcado un punto de inflexión en la historia política y social de México. Su liderazgo ha permitido visibilizar problemáticas invisibilizadas, generar nuevas prioridades y transformar, al menos parcialmente, las políticas públicas hacia horizontes de mayor justicia, equidad y dignidad. Sin embargo, el impacto de las mujeres en el poder no puede comprenderse en términos individuales, sino como parte de un proceso más amplio que exige estructuras institucionales coherentes, entornos políticos no violentos y una cultura democrática que reconozca y valore los liderazgos diversos.
El desafío actual no es solo que más mujeres lleguen al poder, sino que puedan ejercerlo plenamente, de manera segura y con capacidad real de incidencia. La transformación de las políticas públicas a partir del liderazgo femenino no es una aspiración utópica, sino una necesidad urgente para un país profundamente desigual. Apostar por ello es avanzar hacia una democracia con sentido, con rostro humano y con perspectiva de género.