Introducción
La democracia contemporánea enfrenta el reto constante de construir sociedades
más inclusivas, equitativas y representativas. En este contexto, la paridad de género
ha sido reconocida como una herramienta indispensable para garantizar la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones. En México,
la implementación del principio de paridad ha significado un avance normativo
fundamental en el camino hacia la igualdad entre los géneros. Sin embargo, esta
transformación legal aún no se ha traducido plenamente en una igualdad sustantiva,
entendida como la posibilidad real de que las mujeres ejerzan sus derechos políticos
en condiciones de equidad, seguridad y autonomía.
La paridad por sí sola no garantiza el empoderamiento político de las mujeres ni
asegura una participación efectiva en la toma de decisiones públicas. Para que la
democracia sea verdaderamente paritaria y sustantiva, es necesario transformar no
solo las leyes y reglamentos, sino también las estructuras institucionales, los sistemas
de representación, la cultura política y los imaginarios sociales que perpetúan la
exclusión y la desigualdad. Este boletín teórico tiene por objetivo analizar los avances
alcanzados en México en materia de paridad, así como las limitaciones que persisten
para lograr una igualdad sustantiva en la política. Se argumenta que, si bien los
progresos legales son significativos, el contexto político, institucional y cultural
presenta resistencias estructurales que deben ser atendidas de manera integral para
consolidar una democracia verdaderamente incluyente.
La construcción del principio de paridad en México: de las cuotas a la obligación
constitucional
Durante gran parte del siglo XX, la participación política de las mujeres en México
estuvo marcada por la exclusión. Aunque se reconoció su derecho al voto en 1953, la
representación femenina en los espacios de poder fue marginal durante décadas. Esta
situación comenzó a cambiar en los años noventa con la implementación de cuotas
de género, que obligaban a los partidos políticos a postular un porcentaje mínimo de
mujeres en sus candidaturas. Las primeras disposiciones, sin embargo, eran débiles y
no contemplaban mecanismos de cumplimiento ni sanciones efectivas. Los partidos
políticos burlaban las reglas mediante prácticas como registrar mujeres en distritos
perdedores o como suplentes de hombres.
El punto de inflexión llegó con la reforma electoral de 2014, que incorporó a la
Constitución el principio de paridad de género como una obligación para los partidos
políticos al momento de registrar candidaturas al Congreso federal y a los congresos
locales. Este principio fue profundizado en 2019 con la llamada reforma de “paridad
en todo”, que extendió la paridad a los tres poderes de gobierno, órganos autónomos,
municipios y todos los niveles del Estado. A partir de entonces, México se posicionó
como uno de los países con una legislación más avanzada en materia de paridad de
género.
Este avance normativo implicó una transformación del modelo de democracia
representativa al reconocer que la igualdad sustantiva en la participación política es
un derecho y no una concesión. La paridad dejó de ser vista como una medida
transitoria para convertirse en un principio estructural del sistema político mexicano.
Avances cuantitativos: representatividad sin precedentes
El impacto de estas reformas ha sido tangible en los procesos electorales recientes.
En la elección federal de 2021, por ejemplo, se logró que la Cámara de Diputados se
integrara por un 50.2% de mujeres y un 49.8% de hombres. En el Senado, la
representación femenina alcanzó el 49.2%. A nivel local, varios congresos estatales
han registrado composiciones paritarias, y se ha incrementado el número de mujeres
electas como presidentas municipales y titulares de dependencias gubernamentales.
Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha
consolidado jurisprudencia relevante para garantizar el cumplimiento del principio de
paridad.
Estos logros han sido posibles gracias a una combinación de factores: la presión de
los movimientos feministas, el activismo de mujeres dentro de los partidos políticos,
el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, y la acción de autoridades electorales
que han vigilado la aplicación efectiva de las normas. El cambio cultural que ha
acompañado estas reformas también ha sido fundamental, aunque todavía
insuficiente para garantizar una inclusión sustantiva y equitativa.
Las limitaciones estructurales de la igualdad sustantiva
A pesar de los avances normativos y cuantitativos, persisten importantes desafíos que
impiden una participación política plena y en condiciones de igualdad para las
mujeres. En primer lugar, las estructuras partidistas continúan siendo espacios poco
accesibles para las mujeres en términos de liderazgo y toma de decisiones. Aunque
los partidos están obligados a cumplir con la paridad, muchos de ellos siguen
operando bajo lógicas patriarcales, con estructuras jerárquicas dominadas por
hombres que imponen barreras informales a la participación de las mujeres. La
paridad muchas veces se cumple formalmente, pero las candidaturas otorgadas a
mujeres no siempre son competitivas ni se traducen en posiciones reales de poder.
En segundo lugar, las mujeres enfrentan una distribución desigual de recursos para las
campañas políticas, lo que limita sus oportunidades de competir en igualdad de
condiciones. El acceso al financiamiento, a los medios de comunicación y a redes de
apoyo sigue siendo más favorable para los hombres, lo que profundiza las
desigualdades preexistentes y reduce la efectividad de las medidas paritarias.
Violencia política de género: un mecanismo de exclusión persistente
Uno de los obstáculos más serios para el ejercicio del poder por parte de las mujeres
es la violencia política en razón de género. Esta se manifiesta en formas diversas, que
van desde la descalificación pública hasta el acoso, las amenazas, la obstrucción del
trabajo y la agresión física. La violencia política no solo busca excluir a las mujeres del
espacio público, sino también condicionar su comportamiento, disciplinarlas y limitar
su incidencia real en las decisiones políticas.
A pesar de que México cuenta con una ley específica que tipifica y sanciona la violencia
política de género, la implementación de esta norma aún enfrenta desafíos
importantes. Muchas mujeres no denuncian por temor a represalias, por desconfianza
en las autoridades o porque no se sienten acompañadas en sus procesos. La falta de
capacitación de las instancias responsables, la impunidad en los casos y la
revictimización de las denunciantes continúan siendo problemas estructurales que
requieren atención urgente.
La interseccionalidad: ausencias en la representación política
La paridad formal no garantiza una representación diversa de todas las mujeres. La
mayoría de las mujeres que acceden a cargos públicos pertenecen a sectores
urbanos, con niveles educativos altos y trayectorias profesionales reconocidas. En
cambio, las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, rurales,
jóvenes o de la diversidad sexual siguen siendo subrepresentadas en los espacios de
poder. Esto revela una limitación estructural del modelo de paridad, que no ha
incorporado mecanismos efectivos para garantizar la representación plural de los
distintos grupos sociales.
La ausencia de una perspectiva interseccional en las políticas de igualdad limita el
alcance real de la democracia paritaria. Para avanzar hacia una igualdad sustantiva,
es imprescindible reconocer que no todas las mujeres enfrentan las mismas
condiciones ni las mismas barreras, y que la inclusión debe considerar estas
diferencias para generar resultados efectivos y justos.
La cultura política como barrera intangible
La cultura política sigue siendo uno de los principales obstáculos para la igualdad
sustantiva. Las prácticas machistas, los estereotipos de género y la normalización de
la exclusión continúan reproduciéndose en los espacios institucionales y en la
sociedad en general. La idea de que las mujeres son menos aptas para liderar o que su
presencia en el poder es resultado de cuotas y no de méritos sigue profundamente
arraigada, lo que debilita la legitimidad de sus liderazgos y alimenta la violencia
simbólica.
Transformar esta cultura política requiere procesos largos de reeducación social, así
como políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad, el respeto y la
inclusión desde la infancia. También es necesario que los medios de comunicación
asuman un papel activo en la promoción de liderazgos femeninos diversos, evitando
prácticas de cosificación, invisibilización o estigmatización.
Retos institucionales y mecanismos de vigilancia
Las instituciones electorales han jugado un papel relevante en la consolidación del
principio de paridad, pero también enfrentan retos en términos de autonomía,
recursos, capacitación y vigilancia efectiva. La falta de mecanismos adecuados para
fiscalizar el cumplimiento de la paridad en el nivel subnacional, así como la débil
coordinación entre instancias locales y federales, dificulta la aplicación homogénea
del principio de paridad en todo el país.
Además, la paridad en los poderes Ejecutivo y Judicial sigue siendo baja, a pesar del
mandato constitucional. Los procesos de nombramiento en estos ámbitos no siempre
incorporan criterios de transparencia, igualdad y rendición de cuentas, lo que limita el
acceso de las mujeres a los más altos cargos del Estado. Aun cuando se han creado
lineamientos para impulsar la paridad en estos espacios, su cumplimiento es dispar y
carece de sanciones efectivas.
Propuestas para avanzar hacia la igualdad sustantiva
Para consolidar una democracia paritaria y avanzar hacia la igualdad sustantiva, es
necesario adoptar un enfoque multidimensional que combine la transformación
normativa con acciones concretas en todos los niveles de gobierno. En primer lugar,
se debe fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas
públicas, incorporando diagnósticos, presupuestos, indicadores y sistemas de
evaluación con enfoque de género.
En segundo lugar, es urgente crear y fortalecer mecanismos de apoyo para las mujeres
en cargos públicos, tales como redes de acompañamiento, centros de atención
integral para casos de violencia política, y programas de mentoría y formación
continua. También es fundamental garantizar el acceso equitativo a recursos
económicos, técnicos y mediáticos durante las campañas y en el ejercicio del cargo.
En tercer lugar, debe avanzarse en la reforma estructural de los partidos políticos,
asegurando que la paridad se refleje no solo en las candidaturas, sino también en los
órganos de dirección, en los procesos internos de toma de decisiones y en la
asignación de recursos. Esto requiere cambios estatutarios, mecanismos de
monitoreo y sanciones claras ante el incumplimiento.
Finalmente, la promoción de la igualdad sustantiva requiere una ciudadanía activa,
crítica e informada. Es necesario fomentar la educación con perspectiva de género, la
participación cívica de las mujeres desde temprana edad y la articulación entre
movimientos sociales, instituciones y academia para construir una agenda común por
la igualdad.
Reflexiones finales
México ha dado pasos importantes hacia la paridad de género en la política, lo cual
representa un logro significativo en el proceso de democratización del país. Sin
embargo, la igualdad sustantiva aún está lejos de alcanzarse. Las barreras
estructurales que impiden el ejercicio pleno del poder por parte de las mujeres son
múltiples y complejas, y requieren acciones integrales, sostenidas y coordinadas para
ser superadas. La paridad debe ser entendida no como un punto de llegada, sino como
un instrumento para transformar el poder, democratizar las instituciones y garantizar
que todas las personas, sin distinción de género, tengan las mismas oportunidades de
incidir en las decisiones que afectan su vida y su comunidad. Solo así será posible
construir una democracia más justa, representativa e igualitaria.